Offside - Judicial

El oficialismo acelera los tiempos para reconfigurar el mapa judicial. Negocian a contrarreloj el tratamiento del pliego del actual ministro de Seguridad y la cobertura de los dos sillones vacíos en el máximo tribunal.

​Horas decisivas en los pasillos parlamentarios. La Legislatura provincial evalúa convocar a una sesión especial hoy mismo con un temario de alto impacto institucional: la designación formal de Miguel Zárate al frente del Ministerio Público Fiscal y el tratamiento de los pliegos para cubrir las dos vacantes clave en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)

​La jugada busca saldar de una sola vez el tablero de poder en los tribunales. El desembarco de Zárate en la Fiscalía General (lo que forzará su salida inmediata del Ministerio de Seguridad) apunta a poner fin al período de transición tras la salida de Javier Vallejos, consolidando una figura de estricta confianza del Ejecutivo en la cúspide de la acusación pública.

​Sin embargo, el n**o de la rosca legislativa se concentra en el TSJ. Con dos vocalías desiertas, el oficialismo intenta cerrar los números y alinear los consensos internos para nombrar a los nuevos magistrados sin fisuras en el recinto.

​Por estas horas, las conversaciones se libran a puertas cerradas entre los bloques.

De concretarse el quórum y confirmarse el ingreso de los expedientes, la Cámara de Diputados sellará una redefinición total en la cúpula de la Función Judicial.

El mármol de los tribunales siempre está frío, pero para quienes no tienen apellido, contactos ni poder, ese frío se siente como una condena previa.

En los pasillos judiciales hay un idioma que los de abajo conocen de memoria: el del trámite estancado, el del empleado que atiende sin levantar la vista de la pantalla, el del número de causa anotado en un papel arrugado que se deshace en el bolsillo. A esa ventanilla fue Jessica Verónica Mercado decenas de veces a rogar que no la dejaran morir. Y de esa misma ventanilla hoy echan a su madre, Sonia, con las manos vacías y la certeza atroz de que para los pobres la justicia sólo tiene migajas.

​A Jessica no la mataron únicamente el día en que su femicida cumplió la amenaza y después se mató para cerrar el círculo del horror.

A Jessica la fueron matando de a poco a lo largo de meses, en cada comisaría donde le tomaron una exposición como quien anota un extravío, en cada fiscalía que cajoneó un informe de riesgo, en cada oficina estatal con carteles de protección a la mujer donde las empleadas conversaban sobre horarios mientras una piba contaba, con las manos temblorando, que la iban a matar. Cien veces fue a pedir auxilio. Cien veces el Estado le cerró la puerta en la cara, devolviéndola intacta a la boca del lobo.

​En ese calvario no iba sola; iba con su mamá. Y en una de esas mañanas interminables, cuando la desesperación desbordaba la paciencia de los sellos y los formularios, una operadora del sistema judicial miró a Sonia desde arriba del mostrador y le clavó una orden que hoy quema la memoria como ácido:

​Usted cállese, que usted no es la víctima.

​Hay frases que definen a un sistema entero. Esa empleada no sólo mandó a callar a una madre: sintetizó la doctrina no escrita de una corporación que desprecia el dolor ajeno. Siete meses después, la víctima por la que pedían silencio está reducida a cenizas, y la que hoy sostiene los pedazos de esa casa destrozada es justamente Sonia. Ella, la que no tenía derecho a hablar, es la que hoy tiene que sentarse a la mesa a explicarles a tres chicos por qué su mamá no vuelve. Es la que tiene que estirar un sueldo miserable o una changa para que haya un plato de comida caliente, mientras los mismos organismos que dejaron a sus nietos huérfanos se borraron del mapa sin dejar una sola ración de leche ni una respuesta formal.

Tres chicos abandonados no por el destino, sino por la inoperancia criminal de un Estado que sólo sabe llegar tarde y con la cinta de peligro.

​Hoy el femicida está mu**to y no hay condena penal posible contra él. Entonces, ¿por qué el expediente sigue bajo siete llaves?

Pasaron siete meses y el abogado de la familia todavía no puede acceder a las fojas completas. No es negligencia administrativa: es miedo. Tienen secuestrado el expediente porque ese legajo no es un trámite cualquiera; es la prueba material del abandono sistemático. Abrir ese expediente y entregarlo es exponer la cadena de mandos que le soltó la mano a Jessica.
​Y en esa cadena de mandos, los responsables supieron cómo escapar a tiempo.

Cuando el escándalo y el hedor de la desidia amenazaron con hacer estallar la cúpula judicial, el entonces fiscal general Javier Vallejos no se quedó a dar explicaciones ni a poner la cara: huyó. Su renuncia no fue un acto de dignidad republicana, fue una fuga calculada por la puerta de servicio para eludir el banquillo del juicio político. Vallejos sabía que un jury ventilaba las negligencias, las órdenes nunca dadas y las denuncias que durmieron en los cajones mientras a una mujer la acorralaban. Prefirió escapar con el amparo del poder político, que le aceptó la dimisión a libro cerrado para blindarlo, salvarle la jubilación de privilegio y evitar que la mancha institucional salpicara más alto. Huyó un fiscal general para no responder por qué no cuidaron a Jessica.

​Del otro lado, el pacto de silencio se disfrazó de promesa pública. La jueza Gabriela Asís miró a los micrófonos y se comprometió solemnemente ante la sociedad a dar los nombres y apellidos de todos los que fallaron: los secretarios que dilataron medidas, los fiscales que no actuaron con celeridad, los operadores que desestimaron el riesgo y mandaron a Jessica de vuelta con su agresor. Fue una promesa rimbombante para calmar la indignación social del momento.

Pasaron las semanas, pasaron siete meses, y la famosa lista de responsables jamás vio la luz. Asís calló, los nombres siguen guardados bajo llave y el sistema demostró una vez más que entre sus propios pasillos nadie se acusa. La promesa de la jueza se convirtió en otra farsa para ganar tiempo mientras el olvido hacía su trabajo.

​Ahora asume Miguel Zárate al frente del Ministerio Público Fiscal, entre fotos protocolares, saludos de ocasión y discursos sobre la modernización de la justicia. Pero ninguna gestión nueva nace limpia si se sienta a gobernar sobre la alfombra que tapa la mugre de la anterior.

La pregunta que ningún acto oficial se atreve a responder es la que retumba en los barrios: ¿qué van a hacer con la huida de Vallejos y el silencio de Asís? ¿Va a seguir Zárate garantizando la impunidad corporativa de los funcionarios negligentes, o va a tener la decencia de romper el pacto, abrir el expediente y entregarle a una madre la verdad que le deben?

​Sonia no tiene tiempo para especulaciones de palacio. Su vida se mide en el llanto nocturno de tres nietos huérfanos y en la bronca de saber que a su hija la condenaron en los mismos mostradores donde hoy le niegan un papel.

A Sonia le dijeron que se callara porque no era la víctima; hoy su silencio sería la victoria de los que dejaron morir a su hija y huyeron para no pagar el costo, y en cada hogar donde alguna vez se tuvo que tragar la humillación de una justicia sorda, hay alguien que sabe exactamente lo que pesa su dolor.

CHAÑAR – A Sandro Gustavo “Cabeza” Nieto le quitaron la vida. Su homicida tiene nombre, apellido y una sentencia penal que lo declara culpable. Sin embargo, duerme en su cama.

​Tras años de un proceso judicial desgastante, la Cámara resolvió el caso con una fórmula técnica que provocó indignación en la comunidad:

Federico Nicolás González fue hallado penalmente responsable del crimen, pero la condena impuesta es de tres años de prisión en suspenso. No pisará un calabozo. Para el ciudadano de a pie, la lectura es inmediata y desoladora: matar en Chañar costó apenas una promesa de buena conducta.

​La trampa del "exceso": matar de más como atenuante

​El fallo lleva la firma de los jueces Walther R. Vera (presidente), María de las M. Molina y Rosa Graciela Yaryura, asistidos por el secretario Juan Carlos Agüero. En el papel, el Tribunal aplicó el artículo 79 del Código Penal (homicidio simple), pero amortiguó el castigo utilizando los artículos 34 inciso 6.° y 35: homicidio con exceso en la legítima defensa.

​Allí radica la contradicción que enerva el sentido común. La Justicia determinó que González mató y que fue desmedido, que cruzó la línea de lo tolerable y quitó una vida cuando no debía hacerlo. Sin embargo, esa desproporción letal no operó como un agravante, sino como su salvoconducto: la escala penal se desplomó al nivel de un delito menor, permitiendo una condena condicional que equivale a la libertad plena en la vida cotidiana.

​Completaron la sentencia con una inhabilitación absoluta por tres años (artículos 12 y 19). Una sanción administrativa abstracta frente a la irrevocabilidad de una tumba.

​Años de pasillos para un simulacro de castigo
​El tiempo en los tribunales nunca corre igual para todos.

Para la familia de Nieto, los años transcurridos desde el homicidio significaron audiencias postergadas, expedientes paralizados y el desgaste sistemático que sufre quien no tiene peso político ni recursos económicos para presionar al sistema.

​Esa lentitud no sirvió para profundizar la verdad; funcionó como un anestésico social. La causa se estiró hasta que la condena llegó despojada de cualquier efecto real.

Mientras la defensa de González logró encuadrar el hecho en los márgenes de la libertad vigilada, los allegados a la víctima recibieron un documento judicial frío que clausura el caso sin ofrecer reparación.

​La ley para los de arriba, el desamparo para el resto

​El veredicto del caso Nieto expone el abismo que separa a los despachos con aire acondicionado de la realidad de la calle. En el territorio, la señal es devastadora: el sistema penal es implacable con las faltas menores del hombre común, pero se vuelve flexible, doctrinario y benevolente cuando se trata de justificar la muerte violenta de un trabajador.

​Federico González continuará sus rutinas con la única molestia de comparecer periódicamente a estampar una firma en sede judicial para certificar que sigue libre.

En Chañar queda una familia vacía, el recuerdo de "Cabeza" Nieto y la certeza amarga de que la Justicia solo existe si se la puede pagar; para el resto, solo quedan las sentencias en suspenso.

Miguel Zárate aceptó el ofrecimiento de Quintela y será el nuevo Fiscal General de La Rioja.

​Tal como lo anticipó Offside, el tablero judicial riojano terminó de sellar su jugada más fuerte. El actual ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, confirmó públicamente que aceptó el ofrecimiento formal del gobernador Ricardo Quintela para ponerse al frente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.

​La definición pone punto final a semanas de hermetismo y especulaciones en los pasillos de la Casa de las Tejas. La confirmación ratifica la primicia de este medio y traslada ahora la atención a la Legislatura provincial, donde en los próximos días ingresará el pliego correspondiente para su tratamiento y aprobación definitiva.

​De superar el trámite parlamentario, Zárate dejará la cartera de Seguridad para asumir un rol neurálgico: la conducción directa de la política criminal y de los fiscales provinciales en una etapa decisiva para la consolidación del sistema acusatorio en La Rioja.

La magistrada tomó posesión de un despacho clave para el fuero penal, saldando el hueco institucional que dejó la promoción de José Nicolás Chumbita.

​El fuero federal riojano recuperó esta semana estabilidad en una de sus áreas más sensibles. María Virginia Jalil Colomé juró formalmente como titular de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja, una asunción que clausura un período de transición operativa y restituye la conducción directa sobre la tutela técnica en las causas de jurisdicción nacional.

​La designación, rubricada por el Ministerio Público de la Defensa, resuelve una plaza vacante estratégica tras el ascenso de José Nicolás Chumbita en la estructura judicial.

En los pasillos de los tribunales locales, la llegada de Jalil Colomé fue leída como una señal de orden procesal: su despacho absorbe a diario la representación de imputados sin defensa privada y la vigilancia de las garantías constitucionales en expedientes complejos, desde causas por narcotráfico hasta delitos económicos.

​El acto de jura congregó a magistrados del fuero y funcionarios del poder provincial, marcando el inicio de una etapa orientada a acelerar la respuesta jurídica y blindar el derecho a la defensa en todo el territorio riojano.

La Justicia ordenó la captura urgente de un sujeto de 27 años, acusado de haber pateado en el abdomen a su pareja embarazada de siete meses.

La víctima ingresó al hospital con múltiples lesiones y los médicos confirmaron que el corazón del bebé ya no latía. El caso fue caratulado provisoriamente como ab**to con violencia y lesiones agravadas.

​AIMOGASTA — Lo que comenzó con una llamada desesperada desde la guardia médica hacia la comisaría local terminó por destapar un cuadro de sometimiento sistemático y horror.

En los tribunales de la Cuarta Circunscripción Judicial, una causa caratulada de urgencia sacude a la comunidad: se investiga la muerte intrauterina de una gestación de 28 semanas producto de una brutal agresión física directa contra una joven madre.

​El expediente se activó cuando los médicos de guardia del Hospital San Nicolás advirtieron el cuadro con el que arribaba una chica de apenas 19 años. Tenía el rostro golpeado, hematomas visibles en los brazos y evidentes signos de haber padecido un reciente episodio de violencia. Sin embargo, la mayor alarma se encendió cuando la paciente reveló con angustia que había dejado de percibir los movimientos de su bebé.

​El examen ecográfico no dejó margen de duda: el monitor confirmó la ausencia de actividad cardíaca.

El feto estaba sin vida. Ante el riesgo inminente y la complejidad del cuadro obstétrico, se resolvió derivar a la joven de urgencia durante la madrugada hacia el Hospital de la Madre y el Niño, en la capital provincial.

​La confesión detrás del silencio

​En una primera instancia, sumida en el pánico, la víctima se negó a aportar detalles sobre lo sucedido. Fue su madre quien rompió el cerco del miedo ante los oficiales de la Unidad Regional. Según consta en las actuaciones policiales incorporadas a la causa, el agresor —un hombre de 27 años que convivía con ella— la sometía a golpizas de manera sistemática.

​El detonante fatal habría tenido lugar el último viernes: en medio de un nuevo ataque, el sujeto le asestó una patada certera y directa en el vientre.

Aquel impacto desencadenó dolores agudos, complicaciones irreversibles y, finalmente, la muerte de la criatura por nacer en su vientre.

​Peritajes científicos en la Morgue Judicial

​Frente al parte policial y los informes clínicos, la titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional —a través de la Secretaría de Violencia de Género y Protección Integral de Menores— asumió formalmente la causa e imprimió un trámite sumarísimo.

​La magistrada ordenó la intervención de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y fijó fecha para la autopsia del cuerpo gestacional en la Morgue Judicial de la ciudad capital. La pericia forense no solo deberá determinar con precisión científica las causales mecánicas de la interrupción del embarazo y la data exacta del fallecimiento, sino también extraer muestras biológicas para cotejos de ADN bajo estricta cadena de custodia. Paralelamente, se libró oficio para secuestrar la totalidad de la historia clínica, ecografías y registros de guardia.

​Allanamiento con fuerza pública y pedido de detención

​En el plano penal, la orden del juzgado fue contundente: dispuso el allanamiento inmediato de la vivienda del acusado y su detención en el lugar donde se encuentre. La resolución habilitó de manera expresa días y horas inhábiles y autorizó el uso de la fuerza pública para concretar la medida.

​El presunto agresor enfrenta una imputación de extrema severidad procesal, calificada provisoriamente bajo las figuras de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (Art. 89 en consonancia con el Art. 80, incs. 1° y 11° del Código Penal) en concurso real con ab**to con violencia agravado (Art. 85, inc. 1° del C.P.)

​Mientras las fuerzas de seguridad despliegan operativos para dar con el paradero del denunciado, la Justicia garantizó la intervención de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y dispuso una custodia prioritaria interdisciplinaria —médica, psicológica y de contención social— para la joven sobreviviente.

El expediente no pesa por el volumen de sus fojas, sino por el plomo del silencio que acumula. Siete años —exactamente dos mil quinientos cincuenta y cinco días— han transcurrido desde la madrugada en que el metal retorcido de un automóvil perteneciente al Estado selló el destino de Nora Aguirre.

La escena inicial dejó poco margen para la ambigüedad forense: un impacto violento sobre el asfalto, una combustión inmediata y una mujer que murió calcinada en el habitáculo de una unidad oficial que nunca debió convertirse en una trampa mortal.

​Lo que vino después no fue el avance implacable del derecho, sino su descomposición en un laberinto de dilaciones procesales, peritajes postergados y una pasividad que roza la complicidad funcional.

​En los tribunales, los aniversarios no se conmemoran; prescriben o se archivan. Cuando una causa involucra bienes de la administración pública, la maquinaria investigativa suele adquirir un ritmo exasperantemente lento.

En el caso de Aguirre, el primer escollo nunca fue reconstruir la mecánica del choque, sino desentrañar las responsabilidades que precedieron a la colisión.

¿Quién autorizó la salida de esa unidad?

¿En qué condiciones técnicas y de mantenimiento se encontraba un coche que terminó ardiendo en cuestión de segundos?

¿Qué misión oficial justificaba su circulación en ese trayecto y a esa hora?

​A lo largo de estos siete años, las respuestas judiciales a esos interrogantes han sido sistemáticamente reemplazadas por providencias de mero trámite.

Las carátulas cambian, los secretarios de juzgado rotan y las notificaciones se pierden en notificaciones defectuosas que obligan a reiniciar plazos. Hubo pericias accidentológicas cuestionadas, pedidos de informes a reparticiones públicas que demoraron meses en responder con evasivas y testimonios clave que se fueron diluyendo a medida que la memoria de los testigos se desgastaba al compás del calendario.

​La desidia no suele presentarse de golpe: se administra gota a gota en los pasillos de los tribunales. Se traduce en pedidos de vista que duermen en casilleros durante ferias judiciales interminables, en peritos oficiales que renuncian por falta de insumos y en fiscales que tratan el expediente con la cautela de quien teme rozar intereses políticos o jerárquicos.

La presencia de un vehículo del Estado en el centro de la tragedia transformó lo que debió ser una instrucción penal rigurosa y expedita en un campo minado de lealtades corporativas y silencios corporativos.

​Para la familia de Nora Aguirre, el calendario judicial es una herida abierta sin sutura posible.

Mientras los despachos se llenan de nuevas causas y los sellos de goma renuevan sus fechas, la reconstrucción de la verdad material sigue congelada en el punto de partida. La pérdida de una vida en circunstancias tan atroces exigía una respuesta institucional contundente que determinara si hubo negligencia en el mantenimiento de la flota oficial, impericia en la conducción o encubrimiento en la cadena de mando.

​A siete años de aquella jornada, el automóvil calcinado es solo una foto borrosa anexada a un cuerpo de prueba que casi nadie consulta. La causa no avanza hacia el juicio oral; simplemente sobrevive en el limbo de los fueros donde el tiempo corre a favor de quienes apuestan al olvido. En la muerte de Nora Aguirre, el fuego consumió la evidencia material en minutos; la indiferencia del sistema judicial se ha encargado de consumir, durante siete años ininterrumpidos, cualquier atisbo elemental de justicia.

Lo que en un primer momento se presentó como un trágico accidente doméstico en el paraje La Huerta, cerca de Olta, empezó a derrumbarse en la Justicia. La muerte del nene de tres años —ocurrida el pasado 3 de septiembre— dio un vuelco total luego de que la familia pudiera acceder a las fotos periciales que constan en el expediente.

​La versión que ya no cierra

Desde las primeras horas, la defensa del conductor instaló que se trató de un hecho involuntario: aseguraban que la criatura intentó subirse a la caja del vehículo mientras este maniobraba marcha atrás. En medio del shock y el dolor, esa fue la primera versión que circuló.
​Sin embargo, las fotos periciales incorporadas a la causa muestran presuntas manchas de sangre en la trompa de la camioneta, no atrás. Este dato técnico contradice por completo el relato de una caída accidental y abre una hipótesis mucho más grave: que el menor fue embestido de frente.

​A esto se suma la conducta del conductor ese día: no frenó ni se quedó en el lugar, sino que siguió su camino y recién fue demorado horas después por la policía en Chamical.

​Negligencias que indignan a la familia

Más allá de la maniobra al volante, la familia denuncia fallas gravísimas en cómo se manejó la causa desde el inicio:

​Entregaron el cuerpo sin autopsia:

En cualquier hecho vial con una víctima fatal, la autopsia es una medida básica y obligatoria por ley para saber a qué velocidad iba el rodado, qué impacto causó la muerte y cómo fueron las lesiones. Acá la causa se quedó directamente sin esa prueba fundamental.

​Devolvieron el vehículo a los pocos días: La camioneta, que es el cuerpo del delito y la prueba central, le fue restituida al conductor a los pocos días del hecho, cuando la investigación recién arrancaba. Eso impidió hacer peritajes más exhaustivos sobre el rodado.

​A la espera del ADN

Hoy la causa depende de los análisis que realiza la Policía Técnica Judicial sobre las muestras tomadas en el frente del vehículo. Si el laboratorio confirma que esos rastros pertenecen al nene, el panorama para el conductor cambiará hacia una imputación mucho más pesada.

​Pero además, pondrá bajo la lupa a los funcionarios que intervinieron en las primeras horas: devolver el vehículo clave y sepultar a una criatura sin autopsia son decisiones que la Justicia tendrá que explicar.

Mientras se exige el esclarecimiento judicial por el fallecimiento de la niña de cuatro años, Viviana Pérez eludió dar explicaciones sobre el accionar médico y redujo la tragedia a un mero trámite administrativo.

​Con un hermetismo que roza la indiferencia y sin un ápice de empatía hacia una familia destrozada, la directora del Hospital de la Madre y el Niño, Viviana Pérez, eligió esquivar cualquier rendición de cuentas tras la muerte de Zoe, la pequeña de cuatro años que falleció el último fin de semana mientras permanecía bajo custodia médica en el nosocomio.

​Requerida para brindar precisiones sobre la actuación de los profesionales intervinientes y los protocolos aplicados durante la atención de la menor, la titular del establecimiento cortó de raíz las preguntas con una definición tan tajante como deshumanizada: “No voy a hablar del caso”.

​Lejos de asumir la gravedad institucional que implica la pérdida de una vida en una sala pública y frente a las sospechas que rodean la atención médica recibida, la funcionaria prefirió ampararse en tecnicismos. Se limitó a señalar que existen estudios complementarios pendientes y que la documentación clínica estará disponible para las vías correspondientes, eludiendo cualquier postura ética o autocrítica interna sobre lo ocurrido dentro de los pasillos de su propio hospital.

​La postura de la conducción hospitalaria no solo enciende alertas en el plano de la responsabilidad penal y administrativa, sino que exhibe un alarmante desinterés ante el dolor humano: para la cúpula médica, la muerte de una nena de cuatro años parece resumirse en papeles, expedientes y un silencio corporativo que busca ganar tiempo.