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Nuestra ley 348 nació con un objetivo: proteger a las mujeres que sufren violencia. Eso no está en discusión. El problema es que en la práctica:

1. Se ha vuelto instrumentalizable:
Hay casos donde se usa como herramienta de presión en conflictos personales (familiares, de pareja, económicos). Esto erosiona la credibilidad del sistema y perjudica a las verdaderas víctimas.

2. Desigualdad en garantías procesales:
En varios escenarios, el denunciado queda en una posición de culpabilidad anticipada. Medidas cautelares rápidas (como detención preventiva) se aplican con baja exigencia probatoria.
Resultado: se castiga antes de probar.

3. Falta de filtros técnicos en la admisión de denuncias:
No hay un estándar de verificación preliminar. Todo entra, todo escala. Eso satura el sistema judicial y genera resoluciones apresuradas.

4. Desproporcionalidad en medidas coercitivas:
Casos como el de la imagen (detención por Bs. 1.500) reflejan un problema: el sistema no está calibrando bien el principio de proporcionalidad.
No todo conflicto económico o incumplimiento debe terminar en privación de libertad.

Eliminar o debilitar la Ley 348 sería un error grave. Bolivia tiene altos índices de violencia de género. La protección debe mantenerse firme.

📃Pero protección no es sinónimo de arbitrariedad.

Enlace con fines informativos
Créditos:
Periodista Cochabamba

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