Diariolaley

🟡Abogada General Medina: el derecho al olvido previsto en el RGPD puede aplicarse, en principio, a los datos personales contenidos en los registros de bautismo

📌Conclusiones disponibles en

https://ow.ly/n2pv50ZUkHF

🟡El contrato individual de trabajo como materia civil y mercantil en los instrumentos sobre competencia judicial internacional aplicables en España

📌Un trabajo de Álvaro Gimeno Ruiz para

https://ow.ly/Y09550ZUkGZ

🟡El Estado de Derecho, el acceso a la Justicia y la , a examen en el informe «Inside the Legal Mind»

Un estudio basado en la opinión de 3.129 profesionales del Derecho de Dinamarca, España, Francia, Noruega y Suecia👇


https://ow.ly/alAK50ZUkGB

📌 La AP Madrid absuelve a un hombre de los delitos de malos tratos y revelación de secretos hacia su expareja.

El tribunal destaca que la sentencia recoge que el testimonio de la perjudicada debe tenerse en cuenta por sí solo, al tratarse de un relato sólido, persistente y sin fisuras, en el que de ningún modo ha quedado acreditado un móvil espurio. No obstante, los magistrados señalan que, a pesar de dicha solidez, carece del apoyo suplementario de datos objetivos de corroboración periférica. Esta circunstancia hace que la declaración sea insuficiente para considerarla, por sí sola, prueba de cargo válida para una condena, sin que ello signifique que la testigo haya faltado a la verdad.

El tribunal considera que basar una condena de manera exclusiva en el testimonio de la víctima quebranta las garantías procesales por muy repugnante que resulte el hecho denunciado.

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La Audiencia Provincial de Madrid absuelve a un hombre de los delitos de malos tratos y revelación de secretos hacia su expareja El tribunal considera que basar una condena de manera exclusiva en el testimonio de la víctima quebranta las garantías procesales por muy repugnante” que resulte el hecho denunciado.

📌 “𝐌𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬”, de Ana Isabel Santamaría Dacal, letrada del Consejo de Estado, Of counsel Gómez-Acebo & Pombo.

✍️ Prólogo de Manuel Campos Sánchez-Bordona, abogado general en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Derecho de las telecomunicaciones es uno de los sectores más complejos y dinámicos del ordenamiento, profundamente marcado por su origen europeo, la intensidad de la intervención administrativa y la rápida evolución tecnológica. En España, las comunicaciones electrónicas se rigen actualmente por la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, que transpone el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, pero también por una multitud de normas reglamentarias, muchas de ellas dictadas al amparo de las leyes precedentes. Ello hace necesaria una labor de ordenación y clarificación del marco normativo vigente.

Este Manual aborda de manera sistemática los principales ejes del régimen jurídico de las telecomunicaciones, desde el despliegue de las redes y el acceso al mercado hasta la regulación del espectro, la numeración o la protección de los usuarios. Junto al análisis jurídico, se ofrecen explicaciones accesibles de conceptos técnicos cuya comprensión resulta indispensable para la correcta aplicación de la normativa y que responden a una realidad técnica subyacente particularmente compleja.

Con un enfoque eminentemente práctico, pero sin renunciar al rigor jurídico, la obra se dirige tanto a juristas no especializados que necesitan orientarse en la materia como a profesionales que buscan una visión estructurada y fiable del marco regulador vigente. Concebido como una herramienta de consulta y de comprensión sistemática, aspira a facilitar la aplicación del Derecho de las telecomunicaciones en un entorno normativo y tecnológico en permanente transformación.

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📌 El Tribunal de Instancia de Alicante condena al Ayuntamiento de esa ciudad a indemnizar con 12.000 euros a dos vecinos afectados por los ruidos de una discoteca.

Un magistrado de la Sección de lo Contencioso-Administrativo declara que la actuación municipal vulneró los derechos fundamentales de los demandantes a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio. La sentencia ordena al Consistorio a realizar una inspección acústica completa del establecimiento.

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El Tribunal de Instancia de Alicante condena al Ayuntamiento de esa ciudad a indemnizar con 12.000 euros a dos vecinos afectados por los ruidos de una discoteca Un magistrado de la Sección de lo Contencioso-Administrativo declara que la actuación municipal vulneró los derechos fundamentales de los demandantes a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio. La sentencia ordena al Consistorio a realizar una inspección acústica com...

📌 “𝐋𝐚 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐚. 𝐀𝐥𝐠𝐮𝐧𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐟𝐥𝐞𝐱𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐥𝐢́𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐝𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐨𝐥𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚. 𝐋𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐝𝐨: 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚, 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐨𝐥𝐚 𝐲 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐞𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧”, por Carolina del Carmen Castillo Martínez, catedrática de Derecho Civil Universitat de València, magistrada de carrera en situación de excedencia voluntaria en la carrera judicial, académica de número de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación.

La denominada “ley de nietos”, que no es sino una previsión normativa incorporada en la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, ha generado una enconada controversia jurídica, todavía no resuelta, en orden a la posibilidad del ejercicio del derecho de voto por parte de los nacionalizados al amparo de su interpretación realizada por la Instrucción de la DGSJYFP de 25 de octubre de 2022. El reciente Auto de la Sala Tercera del TS, de 10 de septiembre de 2026, por el que se acuerda suspender cautelarmente la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de una parte de los nacionalizados al amparo de dicha norma, ha acentuado la polémica ya existente. La previsión legal no reemplaza ninguno de los mecanismos de obtención de la nacionalidad española recogidos en la legislación civil, sino que constituye un supuesto extraordinario de acceso a la misma próximo a la adquisición por opción, aunque con una fundamentación propia basada en la reparación histórica y no exclusivamente en criterios de índole familiar. Su ámbito aplicativo incluye a los descendientes de españoles que padecieron el exilio o perdieron su nacionalidad por motivos históricos y políticos, constituyendo una ampliación excepcional del concepto de transmisión intergeneracional de la nacionalidad, que viene a flexibilizar los requisitos tradicionales cuando concurren determinadas circunstancias históricas. Nos hallamos ante uno de los supuestos más singulares de adquisición de la nacionalidad española por razón de origen familiar e histórico, toda vez que su finalidad no responde únicamente a criterios tradicionales de transmisión de la nacionalidad, sino también a una política pública de desagravio histórico respecto de quienes perdieron o no pudieron transmitir la nacionalidad española como consecuencia del exilio derivado de la Guerra Civil y el régimen político posterior. La regulación ha suscitado también una intensa polémica política por su posible repercusión sobre el censo electoral y autorizados sectores de opinión han expresado su recelo ante la posibilidad de que el notable incremento de nuevos ciudadanos españoles residentes en el extranjero pueda traducirse también en un forzado aumento del electorado, llegando a señalar al Gobierno por perseguir una finalidad de ingeniería electoral o pretender ampliar el censo en su propio beneficio. El debate se centra en la magnitud de los criterios de aplicación de la norma, así como en sus efectos sobre el CERA. La situación impone una reflexión sobre el alcance de la previsión legal y, señaladamente, de su posterior ampliación consumada por una disposición de rango inferior. A la revisión de su gestación y de sus posibles límites constitucionales, así como al ámbito de la potestad interpretativa de la Administración en orden a la ampliación de la previsión normativa inicial se dedica este trabajo.

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La nacionalidad como instrumento de reparación histórica. Algunas reflexiones sobre los posibles límites constitucionales de la adquisición de la nacionalidad española en la Ley de Memoria Democrática La denominada «ley de nietos», que no es sino una previsión normativa incorporada en la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, ha generado una enconada controversia jurídica, todavía no resuelta, en orden a la posibilidad del ejercicio del de...

📌 La revista #𝐋𝐀𝐋𝐄𝐘𝐔𝐧𝐢𝐨́𝐧𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚, dirigida por José Carlos Fernández Rozas, catedrático de Derecho Internacional Privado, miembro del Institut de Droit International, te ofrece, en abierto, un artículo incluido en su último número publicado:

📜 “𝐄𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐬 (𝐄𝐌𝐅𝐀): 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥, 𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧”, por Isabel Serrano Maíllo, profesora titular de Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de mayo de 2026 constituye el primer pronunciamiento referido al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como EMFA). Su interés no reside en una interpretación sustantiva del nuevo marco europeo, que el Tribunal evita, sino en la delimitación de su aplicación temporal. Siguiendo el orden de las tres cuestiones prejudiciales, este trabajo analiza la aplicación temporal del art. 3; la compatibilidad con el Reglamento de una regla nacional que obliga al medio a probar la verdad material de una información procedente de otro Estado miembro; y la posibilidad de invocar autónomamente los arts. 11 de la Carta y 2 TUE. Finalmente, se examina la posible incidencia de esta doctrina en el sistema español de rectificación.

👇 Consulta aquí el artículo
https://acortar.link/ZGxoZt

Además, han participado en el nº 150, septiembre 2026, los siguientes autores:

✍️ Maurizio Flick (investigador Universidad de Padua, Dipartamento Territorio e Sistemi Agro-Forestali, TESAF); Francisco Jiménez-Villarejo Fernández (fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Penal Internacional, Fiscalía General del Estado); Isaac Ibáñez García (abogado); Enrique de Miguel Canuto (catedrático de Derecho financiero Universitat de Valencia); Juan Arpio Santacruz (profesor titular de Derecho Mercantil Universidad de Zaragoza); Nuria Arenas Hidalgo (profesora titular de Derecho Internacional Público Universidad de Huelva); Alberto Dorrego (socio del Departamento de Derecho Público y miembro del Comité Ejecutivo de Eversheds Sutherland en la oficina de Madrid); José Luis Monereo Pérez (catedrático y director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada); Sara Guindo Morales (profesora titular de Universidad, Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Granada); Andrés Bautista-Hernáez (profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Universidad de Málaga); Isabel Serrano Maíllo (profesora titular de Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid); Blanca Leal Romera (técnico de apoyo a la investigación del grupo CAJI Universidad de Burgos); Antonia Durán Ayago (catedrática de Derecho Internacional Privado Universidad de Salamanca); Mercedes Vidal Gallardo (catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado Universidad de Valladolid); Pedro Alberto de Miguel Asensio (catedrático de Derecho Internacional Privado Universidad Complutense de Madrid); y Alberto J. Tapia Hermida (catedrático de Derecho Mercantil Universidad Complutense de Madrid, consejero académico de Estudio Jurídico Sánchez Calero).

👇 Consulta en el sumario los interesantes temas que han analizado
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📌 “𝐋𝐚𝐬 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐉𝐔𝐄 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐎𝐫𝐠𝐚́𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢́𝐚: 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐥𝐢́𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐨𝐥”, por Enrique López López, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, profesor de la UNIE, magistrado Emérito del Tribunal Constitucional.

Las sentencias de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2026, dictadas en los asuntos C-523/24, Sociedad Civil Catalana, y C-666/24, Ministerio Fiscal y otros c. EGB y otros, constituyen el pronunciamiento europeo más relevante hasta la fecha sobre la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía. Ambas resoluciones descartan, en términos generales, las incompatibilidades con el Derecho de la Unión sometidas a su consideración, pero introducen límites relevantes derivados, singularmente, del artículo 267 TFUE y de la preservación de la función jurisdiccional del juez nacional. El presente artículo sostiene que las sentencias no equivalen a una validación general de toda la Ley, pero tampoco desautorizan la institución de la amnistía. Su aportación principal reside en delimitar los distintos planos de control que concurren sobre una misma norma: constitucionalidad, legalidad ordinaria y compatibilidad con el Derecho de la Unión. Especial atención merece la incidencia de C-523/24 sobre la malversación y sobre la interpretación del “propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial” del artículo 1.4 LO 1/2024.El orden expositivo seguirá un modelo analítico por párrafos similar a la forma en la que se redactan las sentencias del TJUE.

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Las sentencias del TJUE sobre la Ley Orgánica de Amnistía: alcance, límites y consecuencias para el ordenamiento jurídico español Las sentencias de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2026, dictadas en los asuntos C-523/24, Sociedad Civil Catalana, y C-666/24, Ministerio Fiscal y otros c. EGB y otros, constituyen el pronunciamiento europeo más relevante hasta la fecha sobre la Ley Org....

📌 “𝐄𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐨𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥: 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥”, por María Luisa Silva Castaño, magistrada, letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Área Penal).

El artículo analiza la transformación del control judicial de la prueba tecnológica en el ecosistema digital, donde la agregación de datos permite reconstruir integralmente la conducta de una persona. Examina los desafíos constitucionales que plantean la interceptación masiva, la obtención transfronteriza de comunicaciones cifradas y la geolocalización prolongada. Para ello, estudia los casos Big Brother Watch, EncroChat y Carpenter, junto con su encaje en el ordenamiento jurídico español y europeo. El trabajo sostiene que el objeto del control jurisdiccional ya no puede limitarse a la diligencia autorizada, sino que debe comprender todo el proceso tecnológico de captación, selección, tratamiento y conservación de los datos. Asimismo, destaca la necesidad de reforzar los principios de legalidad, especialidad, necesidad, proporcionalidad, contradicción y control judicial continuado. Se concluye que, cuanto mayor sea la capacidad de vigilancia y perfilado de la tecnología, más intensas deben ser las garantías destinadas a preservar los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.

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Artículo publicado con base en el Acuerdo de Colaboración suscrito entre la Asociación de Letrados del Tribunal Supremo y Aranzadi LA LEY.

El secreto de las comunicaciones y la geolocalización en el ecosistema digital: la transformación del objeto del control judicial(1) El artículo analiza la transformación del control judicial de la prueba tecnológica en el ecosistema digital, donde la agregación de datos permite reconstruir integralmente la conducta de una persona. Examina los desafíos constitucionales que plantean la interceptación masiva, la obtención tr...