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| 🚨 Tras la denuncia de una agresión sexual grupal contra un estudiante de 16 años dentro de bus escolar, el Ministerio de Educación tomó el control del Liceo Naval Almirante Guise y encargó su dirección al viceministro de Gestión Institucional, Luis Antonio Alemán Nakamine.

La medida llega después de que seis escolares investigados fueran internados preventivamente en Maranguita y mientras la Fiscalía de Familia continúa investigando lo ocurrido.

Pero el caso no se limita al ataque ocurrido en el bus pues el propio Minedu informó sobre 80 denuncias por violencia, hostigamiento sexual y tocamientos indebidos registradas en el Liceo Naval durante los últimos dos años. Además, de acuerdo a declariones a medios, una docente había denunciado previamente situaciones de bullying, hostigamiento y violencia y cuestionado la respuesta de las autoridades del colegio.

Alemán asumirá temporalmente la dirección, en paralelo a sus funciones como viceministro, y estará a cargo de la reorganización de la gestión educativa y la gobernanza institucional hasta el 31 de diciembre de 2027.

| 🚨 Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú a la Alcaldía de Lima, prometió contratar 100 equipos Terna para capturar 100 delincuentes al día, lo que, según su cálculo, permitiría llegar a 3.000 capturas mensuales. También ofreció 1.000 patrulleros bajo renting, cuatro megacomplejos policiales y cerrar mercados donde se comercialicen bienes robados.

Durante el debate municipal, Urresti incluso respondió sobre el hacinamiento penitenciario: “Si por estas capturas las cárceles se siguen hacinando, me interesa un carajo”. Su discurso vuelve a colocar la captura y el endurecimiento de la respuesta frente al delito como eje central de su campaña.

Pero en esta narrativa de “mano dura” queda fuera un antecedente central de su propia trayectoria: Urresti fue condenado en 2023 a 12 años de prisión por el as*****to del periodista Hugo Bustíos y la tentativa de as*****to contra Eduardo Rojas. En febrero de 2026, el Tribunal Constitucional anuló esa sentencia al considerar prescrita la acción penal y ordenó su libertad; Urresti salió del penal el 3 de marzo.

Así, mientras el candidato se presenta nuevamente como el político capaz de “devolver la seguridad” a Lima, su discurso electoral evita mencionar el proceso judicial que marcó los últimos años de su trayectoria política. La condena fue anulada por el TC, pero el caso Bustíos continúa siendo parte de su historia judicial y política.

|🇵🇸🚨 Alineamiento geopolítico. El pasado18 de setiembre Perú se abstuvo en la votación de una resolución que buscaba permitir que el presidente palestino, Mahmud Abás, y su comitiva, intervengan de forma remota mediante un mensaje de video pregrabado en las sesiones de alto nivel.

Esta resolución se da en medio de la política de genocidio contra Palestina y la búsqueda por silenciar sus argumentos que incluso llevaron a que el gobierno de Estados Unidos les niegue las visas para asistir presencialmente a la sede de la ONU en Nueva York.

Pese a la abstención peruana, la resolución fue aprobada de manera abrumadora con 152 votos a favor, 3 en contra (Estados Unidos, Israel y Paraguay) y solo 4 abstenciones (Perú, Colombia, Honduras y Panamá).

| Estudiantes denuncian que a pesar de los compromisos de diálogo, la PUCP avanza con sanciones de casi medio año académico. Señalan que en una coyuntura de capitalismo corporativo en la educación y erosión democrática, la comunidad universitaria exige la derogación del Reglamento Unificado y la defensa de la protesta.

Denuncian criminalización de la protesta en la PUCP: Sancionan con hasta 25 semanas de suspensión a estudiantes pese a acuerdo de justicia restaurativa - Wayka.pe Por Naira Carcelén Estudiantes refieren que pese al compromiso institucional de priorizar el diálogo, la...

| 🚨 La ONU había alertado sobre el uso de procesos disciplinarios de la JNJ contra el juez Richard Concepción Carhuancho. Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, expresó su preocupación por los procedimientos que podían terminar con la destitución del magistrado.

La experta señaló que uno de los casos por los que la JNJ investigaba a Carhuancho ya había sido revisado y archivado por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que no encontró responsabilidad disciplinaria. Satterthwaite cuestionó que se utilizaran procedimientos disciplinarios para sancionar a jueces por decisiones o actuaciones vinculadas al ejercicio de sus funciones, cuando los desacuerdos con sus resoluciones debían resolverse mediante las vías legales correspondientes.

La relatora también advirtió sobre problemas de debido proceso y proporcionalidad en procedimientos anteriores de la JNJ y recordó que los jueces y fiscales solo debían ser suspendidos o destituidos por faltas graves de conducta o incompetencia, mediante procedimientos que garantizaran una audiencia imparcial y la posibilidad de revisión ante un tribunal independiente.

En ese momento, Carhuancho cuestionó la suspensión preventiva de seis meses impuesta por la JNJ y la calificó de “injusta y desproporcionada”. Uno de los cuestionamientos estaba relacionado con un supuesto adelanto de opinión en una exposición sobre el caso Nicanor Boluarte, mientras que otro proceso cuestionaba su decisión de aplicar control difuso para inaplicar normas aprobadas por el Congreso.

Para Satterthwaite, la destitución por el ejercicio de funciones judiciales debilita gravemente la independencia judicial en el Perú y pese a las advertencias de la relatora de la ONU, la JNJ terminó destituyendo al magistrado.

| 🚨 110 candidatos de Renovación Popular registran sentencias penales, según una investigación difundida por Cuarto Poder. Son 8 postulantes a gobiernos regionales, 16 a alcaldías provinciales y 86 a alcaldías distritales para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Entre las condenas reportadas figuran homicidio calificado, violación sexual de menores, tráfico ilícito de dr**as, peculado, colusión y malversación de fondos. Uno de los casos es el de Enrique Torres Montilla, candidato a la alcaldía de Rumisapa, San Martín, condenado a 18 años de prisión por el as*****to del entonces alcalde Hernán Alegría Tuesta.

El reportaje también identifica a Carlos Vigo Guarnis, candidato a regidor en Caspizapa, quien registra una sentencia por violación sexual de un menor y habría consignado solo la letra “N” en su declaración jurada. En Ica, Edwin Aburto Santiago postula a la alcaldía de Pueblo Nuevo pese a una condena de siete años por tráfico ilícito de dr**as.

Los casos contrastan con el discurso de “mano dura” contra la delincuencia y la corrupción promovido por Rafael López Aliaga y mientras Renovación Popular plantea sanciones severas frente al crimen, más de un centenar de sus candidatos llegan a las elecciones con sentencias penales registradas.