ADES

Algo se está rompiendo en nuestras escuelas y ya no alcanza con mirar hacia otro lado.

Maestros golpeados, amenazados, heridos e incluso asesinados no pueden seguir presentándose como hechos aislados. Hay una realidad incómoda que debemos enfrentar: muchos de los problemas que no se resuelven en casa terminan trasladándose al aula.

Y entonces hacemos lo de siempre: se los cargamos a la escuela.

Hoy al maestro se le exige enseñar, contener crisis, resolver conflictos, detectar violencia, atender problemas emocionales, cumplir protocolos y responder por casi todo lo que ocurre dentro del plantel.

Pero cuando el agredido es él, el sistema suele llegar tarde.

No podemos seguir pidiendo más responsabilidades mientras reducimos autoridad, respaldo y herramientas. No es razonable exigir que un docente controle situaciones cada vez más complejas y después dejarlo jurídicamente expuesto, institucionalmente solo y, en algunos casos, físicamente indefenso.

Defender los derechos de los alumnos es una obligación. Proteger al maestro también debería serlo.

Hace falta revisar protocolos, responsabilidades familiares, mecanismos de intervención, acompañamiento jurídico y medidas reales de seguridad. No más documentos que nadie aplica. No más discursos después de una tragedia.

La escuela no puede seguir siendo el muro de contención de todo lo que la sociedad no está resolviendo.

Y la docencia no puede convertirse en una profesión de alto riesgo mientras las autoridades simplemente aumentan exigencias y administran consecuencias.

Si queremos escuelas seguras, empecemos por proteger a quienes todos los días están al frente de ellas.