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| El cazador que dejó morir a 32 perros y el Estado que lo ampara
✍️ Javier F. Ferrero

(Esta publicación no contiene imágenes de los animales por respeto a los sentimientos de nuestras seguidoras y seguidores)

👉 En España, matar de hambre a decenas de animales sigue siendo un crimen menor

IMPUNIDAD ARMADA EN LA ESPAÑA RURAL

En Azuaga, Badajoz, todo el mundo sabe quién es “El Patilla”. También saben qué hizo y por qué nadie quiere hablar. Durante dos meses dejó morir de hambre y sed a 32 perros, la mayoría podencos, algunos atados con cadenas, otros devorados por sus compañeros en un último acto de desesperación. Los cuerpos se descomponían en su finca mientras él seguía con su vida. La Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Llenera lo investigan por abandono animal, no por maltrato, y hoy está en libertad.

En España, la Ley 7/2023 de Bienestar Animal excluye a los perros de caza. Una excepción redactada a la medida de un lobby que mantiene su cuota de impunidad. El PSOE prometió en 2023 una normativa específica para protegerlos, pero dos años después no hay nada aprobado. El resultado es este: los perros más maltratados del país están fuera de la ley.

Quienes viven en Azuaga lo saben: cazar en Extremadura es tener licencia para saltarse las normas, y denunciar puede costarte un puñetazo o algo peor. Lo recuerda María Menglano, vicepresidenta de ADANA: “La gente que es capaz de matar a un perro así también es capaz de pegar a un niño, a su pareja o a su madre”. No habla de metáforas, habla de costumbre.

Este no es un caso aislado. En 2020 otro cazador de Badajoz abandonó a 20 animales. La condena fue de 20 meses y prohibición de cazar durante seis años. No pisó la cárcel. En la práctica, matar a un animal en España suele salir más barato que aparcar en doble fila.

UN SISTEMA QUE PROTEGE A LOS VERDUGOS

El Patilla es hijo de un guarda rural. Mecánico de taller, cazador por afición. Su entorno lo define como “una persona con muchos problemas” y “un pieza”. La excusa perfecta para rebajar el crimen a un arrebato o una mala racha. Sin embargo, el Código Penal tipifica cada muerte como un delito independiente. En teoría podría enfrentarse a 32 condenas de hasta dos años. En la práctica, como señala el equipo legal de Pacma, lo más probable es que un juez encaje todas las penas para que no cumpla un solo día en prisión.

La caza no es solo un deporte: es una economía, una red de intereses y un código de silencio. Se ha normalizado que perros como galgos y podencos sean herramientas de usar y tirar. Cuando ya no sirven, su destino es el abandono, el ahorcamiento o la muerte lenta por inanición. Los cadáveres en la finca de El Patilla son solo un episodio más de una violencia que rara vez llega a los tribunales, y cuando lo hace, se resuelve con sanciones ridículas.

Pacma exige inspecciones constantes y penas efectivas. Pero sin una ley que incluya a los perros de caza, la justicia seguirá protegiendo a los verdugos y condenando a las víctimas al silencio. En el campo español, la violencia contra los animales no es un fallo del sistema. Es el sistema.

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