ACLU Puerto Rico

El Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) presentó un nuevo recurso de habeas corpus ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico en representación de Sandro González Domínguez, un inmigrante mexicano detenido el sábado por agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

"Sandro no solo tiene vínculos comunitarios y familiares con Puerto Rico, sino que también es un ejemplo de cómo la comunidad migrante es parte de la economía que mueve y sostiene a nuestro país, incluso en medio de la violencia institucional que enfrentan nuestros inmigrantes", anotó el licenciado Fermín Arraiza, director legal de la ACLU de Puerto Rico. "Exigimos la liberación de Sandro y exigimos el cese de la detención ilegal de personas inmigrantes en nuestro archipiélago", afirmó.

González Domínguez lleva 28 años residiendo en Estados Unidos y Puerto Rico y tiene dos hijas ciudadanas estadounidenses, de 26 y 19 años. El inmigrante es codueño de una empresa de restaurantes con ocho establecimientos en el archipiélago, que emplean aproximadamente a 115 personas. Fue detenido por agentes enmascarados el 26 de septiembre afuera de uno de los restaurantes del que es copropietario.

Puedes leer más en este enlace:

ACLU Puerto Rico presenta recurso legal en defensa de inmigrante mexicano y piden su liberación - ACLU of Puerto Rico Sandro González Domínguez, quien es codueño de una reconocida cadena de restaurantes en el archipiélago, fue detenido el sábado por agentes enmascarados de ICE

Dolores Huerta is one of the most influential labor leaders of the 20th century.

Dolores witnessed firsthand how many farm workers in her community suffered from low wages and poor working conditions. As co-founder of United Farm Workers, she organized hugely impactful walkouts and boycotts.

For decades, Dolores has worked tirelessly to advocate for civil rights, our democracy, and the empowerment of leaders who reflect the diverse makeup of the United States.

We honor her leadership and her ongoing fight for our communities.

"Al presentar nuestro análisis sobre estas medidas, reiteramos nuestro llamado a los legisladores a convocar vistas públicas y permitir la discusión amplia y transparente sobre las implicaciones que proyectos como estos tienen o pueden tener sobre los derechos de las personas", expuso la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico. "El país necesita seguridad pública, pero esa meta no se alcanza con la hipervigilancia", apuntó.

Medidas de hipervigilancia ante la consideración de la Legislatura amenazan protecciones constitucionales - ACLU of Puerto Rico La ACLU de Puerto Rico alertó que, si bien la seguridad pública es un objetivo común, esa meta no se logra violentando derechos, como ocurre con el P. del S. 974, el P. de la C. 897 y la Resolución Conjunta del Senado 198

There is absolutely no reason for Puerto Rico National Guard troops to be patrolling the streets of the U.S. capital, serving as part of the propaganda exercise through which President Trump is attempting to create an atmosphere of fear.⁠
⁠
The Governor of Puerto Rico should never have activated our troops for such actions. And more than a year after the massive patrol operation in Washington, D.C. began, it is time for González Colón to order the withdrawal of our troops so they can return home. ⁠
⁠
Find details here: https://www.aclu-pr.org/es/press-releases/mas-de-150-soldados-de-la-guardia-nacional-de-puerto-rico-patrullan-sin-justificacion-las-calles-de-washington-d-c/

En Puerto Rico, la dirección de la ACLU considera que la ley Patriota ha sido la base reciente para perseguir a minorías; primero, con un énfasis en las personas de origen árabe en medio de la guerra contra el terrorismo y, más recientemente, como parte de la renovada ola nacionalista blanca del gobierno de Trump a personas que cumplan con el perfil que hacen de las personas indocumentadas, en gran medida, hispanos.

“No es la primera vez que, en la historia de Estados Unidos, se utiliza la seguridad nacional como un subterfugio para perseguir grupos que disienten políticamente de la narrativa mayoritaria o de la narrativa del gobierno que está en el poder”, dijo Annette Martínez Orabona, directora de la ACLU en Puerto Rico.

Bajo el estatuto, los agentes del Negociado Federal de Investigaciones pueden emitir “Cartas de Seguridad Nacional” (NSL, en inglés), sin la aprobación de un juez, para obtener información personal, incluidos registros telefónicos, historial crediticio y bancario.

La ACLU ha indicado que, solo entre 2003 y 2006, se emitieron 192,499 de esas cartas.

Pero, más aún “la ley Patriota no exige la destrucción de la información obtenida mediante las NSL, incluso si se determina que afecta a ciudadanos estadounidenses inocentes”, por lo que puede ser guardada para siempre. La ACLU logró, por la vía judicial, eliminar el texto de la ley que impedía a las personas que recibían esas cartas hablar públicamente de esa intervención.

Un nuevo episodio de esa política gubernamental de vigilancia y prejuicios se ha visto recientemente, en los operativos de inmigración, en las definiciones muy amplias de lo que consideran “terrorismo”, la movilización de tropas de la Guardia Nacional a ciudades metropolitanas –sobre todo, controladas por demócratas–, y en los esfuerzos por limitar la libertad de expresión en las universidades, tanto de estudiantes, por ejemplo los que han denunciado la guerra en Gaza como un acto de genocidio, como de las propias instituciones que defienden la diversidad, equidad e inclusión, afirmó Martínez Orabona.

Añadió que “la manera más eficiente en que el gobierno ha logrado limitar, censurar la libertad de expresión es utilizando la justificación de la protección de la seguridad nacional”.

A 25 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre: los sucesos que sacudieron al mundo Expertos pasan revista a la tragedia, las transformaciones, las guerras y el debate de seguridad versus intimidad generados por los atentados contra Estados Unidos

Hasta este miércoles, al menos 153 efectivos de la Guardia Nacional de Puerto Rico continuaban activos en la capital estadounidense, según datos de la Guardia Nacional de Washington D.C. En una carta abierta dirigida al público, la ACLU, sus filiales, el Capítulo de Puerto Rico y la ACLU del Distrito de Columbia (ACLU-D.C.), exigieron el retiro de las tropas de la Guardia Nacional de la capital estadounidense.

Este verano, en el punto álgido del despliegue, más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional de 15 estados, Puerto Rico y del Distrito de Columbia patrullaron los vecindarios de Washington, D.C. Esta presencia comenzó en agosto de 2025, cuando el presidente Trump desplegó la Guardia Nacional de D.C.

En el caso de D.C., el presidente tiene el control de su Guardia Nacional y, junto con el secretario de Defensa, puede solicitar a los gobernadores que, de forma voluntaria, pongan a disposición efectivos de la Guardia Nacional de sus jurisdicciones para determinadas misiones federales. Los gobernadores tienen la facultad de rechazar estas solicitudes y muchos lo han hecho en el último año.

Mas de 150 soldados de la Guardia Nacional de Puerto Rico patrullan sin justificación las calles de Washington D.C. - ACLU of Puerto Rico La ACLU de Puerto Rico sostuvo que no existe ninguna razón por la cual la gobernadora Jenniffer González no deba ordenar el retiro inmediato de todos nuestros efectivos para que regresen a casa

No existe absolutamente ninguna razón por la cual los efectivos de Puerto Rico deban estar patrullando las calles de la capital estadounidense, siendo parte del ejercicio propagandístico mediante el cual el presidente Trump intenta establecer un ambiente de miedo.

La gobernadora, en primer lugar, nunca debió haber activado nuestras tropas para semejantes actos. Y a más de un año desde el inicio del patrullaje masivo en Washington D.C., es hora de que González Colón ordene el retiro de nuestros efectivos para que regresen a casa.

Detalles: https://www.aclu-pr.org/es/press-releases/mas-de-150-soldados-de-la-guardia-nacional-de-puerto-rico-patrullan-sin-justificacion-las-calles-de-washington-d-c/

El objetivo del Gobierno de lograr una cobertura universal con sistemas de reconocimiento automático de tablillas (ALPR) pone en riesgo el ejercicio de nuestros derechos constitucionales.

No tienes que estar infringiendo la ley para que la vigilancia masiva te afecte. Una red capaz de registrar constantemente tus movimientos puede desalentar el ejercicio libre de derechos como la libertad de expresión, religión y asociación.

Una red masiva de vigilancia pone en riesgo las garantías de privacidad y libertad protegidas por las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos.

¡Por eso decimos NO a la vigilancia masiva!